Imagen durante el suceso tomada del diario El País

LA SEGURIDAD DE LOS AGENTES DE VIGIGILANCIA COSTERA

Ocurrió la noche anterior a la Gala de los Goyas celebrada el sábado 10 de febrero, donde tanto el cine como personajes intervinientes en directo hicieron manifestaciones en favor de una sociedad libre e igualitaria.

La muerte de dos Guardias Civiles, Miguel Ángel Gómez y David Pérez, el pasado viernes 9 de febrero frente a las costas españolas en el Estrecho, es claramente dos asesinatos. Los narcotraficantes, con sus embarcaciones refugiadas por el temporal en la costa gaditana, a los que los agentes iban a identificar, arremetieron con una de sus potentes narcolanchas sobre la zódiac pequeña del servicio de vigilancia costera español frente al límite con Barbate, Cádiz. Se trata de una desgracia muy lamentable que todos los telediarios destacaron. El hecho se puede considerar no solo como un crimen de los narcos efectuado intencionadamente sobre los Guardias Civiles en calidad de servicio sobre su patrullera, con la consecuencia de los agentes muertos y otro más de los ocupantes herido de gravedad, sino de negligencia de la Dirección de Seguridad Costera o, también, de falta de petición de medios a nivel de igualdad o, en su caso, de rápido arreglo de las averías de sus embarcaciones de mayor plataforma, potencia y velocidad por parte de la Dirección General. De este modo porque, tal como se actúa en otras ocasiones, después de una vez requisadas embarcaciones de estos delincuentes, que presentan esas características de fuerza y envergadura, por las Fuerzas de Seguridad, estos medios de narcotransporte marítimo son amontonados por orden judicial en depósitos donde se dejan descomponer y, por tanto, inhabilitar hasta la finalización de sentencia judicial, en lugar de darles uso inmediato para su propio ejercicio de vigilancia y trabajo. El requisamiento y uso de estos medios es legítimo por las fuerzas represoras. Con su uso no se daría posibilidad a desigualdad de condiciones durante el servicio de nuestros agentes. La Guardia Civil dispone, efectivamente, de embarcaciones de vigilancia costera más potentes que los zódiac que están desplazadas en las costas gallega y cantábrica para la persecución del tráfico e introducción de cocaína procedente de Sudamérica. Pero es sabido que ese delito narcotraficante se comete también con marihuana entre Marruecos y España. Según informaciones, se ha podido saber que en la zona del hecho homicida se encontraban unidades de estas embarcaciones en estado de avería durante más de tres semanas. Es preciso que los agentes de vigilancia de nuestras costas en aguas del sur peninsular no se encuentren desprotegidos en ningún momento por no atajar rápidamente deficiencias o inhabilitaciones de medios frente a la superioridad competente de las narcolanchas utilizadas en el Estrecho. La Administración, además, haciendo uso de esas embarcaciones confiscadas, ahorraría presupuesto en los planes económicos sociales para que la población no dependa del ilegal, fructífero y perseguido negocio del narcotráfico. Aunque por el atentado mortal de ese día se hallan detenidas en el momento ocho personas implicadas en el asesinato, la Dirección de Vigilancia Costera, mediante autorización judicial, insistiremos, puede hacer uso de forma inmediata de esos medios requisados por las fuerzas aprehensoras. De este modo no correrían el mismo riesgo nuestros agentes de seguridad. La patrullera del Grupo Especial de Actividades de Protección de Fronteras no debe correr riesgo al acercarse a identificar a embarcaciones sospechosas y sí disponer permanentemente de medios eficaces para el desarrollo de su trabajo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lamenta el trágico suceso. La prevención para que estos luctuosos episodios no vuelvan a repetirse reside sustancialmente en el uso de esos medios confiscados y no dejarlos en inactividad hasta sentencia judicial, tiempo durante el que se degradan. Aprovecharlos de forma inmediata sería una decisión legítima y eficaz para el Servicio de Seguridad Costera. La Dirección de la GC debe solicitar con prontitud a la Autoridad Judicial disponer de ese material incautado o la habilitación rápida de las embarcaciones en estado de desperfecto. Esto en concordancia con el Ministerio de Justicia, Ley Penal y Enjuiciamiento Criminal cuando no proporciona a los agentes encargados de la seguridad costera y represión del tráfico ilegítimo estos medios propios deteriorados puntualmente o aprehendidos. Con esta ocasión comete otra reseñable equivocación: haciendo uso inmediato de esas narcoembarcaciones ahorraría dinero al presupuesto administrativo al no tener que adquirirlas. Con esta crítica al paso se hace referencia al modo de actuar de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las que la Fiscalía General de Andalucía expresa con motivo del asesinato que “el Ministro del Interior no vaya al lugar de los hechos sin poner los medios suficientes para atajar este problema”. Esto lo manifiesta en relación con el hecho en Cataluña cuando un fiscal compañero de profesión está acusando a 41 compañeros de la Policía Nacional por haber cumplido, desde órdenes dimanantes de arriba, con su deber durante el Proces para proteger la Constitución Española.

En la Gala de los Goyas celebrada la noche siguiente al triste suceso del 9 de febrero, tanto por parte del cine como desde la palabra en directo de muchos de los intervinientes se reivindicaron asuntos de actualidad que están cambiando la sociedad y la actuación de los gobiernos, como la violencia de género, la transexualidad, el cambio climático o la falta de sensibilidad, a veces humillante, de facciones políticas de extrema derecha por la Cultura que, sin embargo, como dicen quienes expresan respuesta al lenguaraz insulto a las personas representantes del cine, genera dividendos a nuestro país. Está bien que se reclame igualmente la seguridad de nuestros agentes en toda la costa española donde existe el peligro constante del narcotráfico, afectando al trabajo legal en puestos de producción válidos, puestos a disposición, de grupos sociales de esas zonas de costa y a la invalidación del tráfico ilegal y suculento de drogas.

Nuestro pesar, insistimos, por la muerte de estos dos compañeros agentes de la Guardia Civil, causado por lentitud o ineficacia en las actuaciones judiciales.

 

Antonio Morales Menchén. Nº de afiliado a la AUGC 5.633