Imagen durante el suceso tomada del diario El País
LA SEGURIDAD DE LOS AGENTES DE VIGIGILANCIA COSTERA
Ocurrió la noche anterior a la
Gala de los Goyas celebrada el sábado 10 de febrero, donde tanto el cine como personajes
intervinientes en directo hicieron manifestaciones en favor de una sociedad
libre e igualitaria.
La muerte de dos Guardias Civiles,
Miguel Ángel Gómez y David Pérez, el pasado viernes 9 de febrero frente a las
costas españolas en el Estrecho, es claramente dos asesinatos. Los
narcotraficantes, con sus embarcaciones refugiadas por el temporal en la costa
gaditana, a los que los agentes iban a identificar, arremetieron con una de sus
potentes narcolanchas sobre la zódiac pequeña del servicio de vigilancia costera
español frente al límite con Barbate, Cádiz. Se trata de una desgracia muy
lamentable que todos los telediarios destacaron. El hecho se puede considerar
no solo como un crimen de los narcos efectuado intencionadamente sobre los Guardias
Civiles en calidad de servicio sobre su patrullera, con la consecuencia de los
agentes muertos y otro más de los ocupantes herido de gravedad, sino de negligencia de la
Dirección de Seguridad Costera o, también, de falta de petición de medios a
nivel de igualdad o, en su caso, de rápido arreglo de las averías de sus embarcaciones de mayor plataforma, potencia y velocidad por parte de
la Dirección General. De este modo porque, tal como se actúa en otras
ocasiones, después de una vez requisadas embarcaciones de estos
delincuentes, que presentan esas características de fuerza y envergadura, por las Fuerzas de Seguridad, estos medios de narcotransporte
marítimo son amontonados por orden judicial en depósitos donde se dejan
descomponer y, por tanto, inhabilitar hasta la finalización de sentencia
judicial, en lugar de darles uso inmediato para su propio ejercicio de
vigilancia y trabajo. El requisamiento y uso de estos medios es legítimo por
las fuerzas represoras. Con su uso no se daría posibilidad a desigualdad de
condiciones durante el servicio de nuestros agentes. La Guardia Civil dispone, efectivamente, de embarcaciones de vigilancia costera más potentes que los zódiac que están
desplazadas en las costas gallega y cantábrica para la persecución del tráfico
e introducción de cocaína procedente de Sudamérica. Pero es sabido que ese
delito narcotraficante se comete también con marihuana entre Marruecos y
España. Según informaciones, se ha podido saber que en la zona del hecho
homicida se encontraban unidades de estas embarcaciones en estado de avería durante más de tres semanas. Es preciso que los
agentes de vigilancia de nuestras costas en aguas del sur peninsular no se
encuentren desprotegidos en ningún momento por no atajar rápidamente
deficiencias o inhabilitaciones de medios frente a la superioridad competente de
las narcolanchas utilizadas en el Estrecho. La Administración, además, haciendo
uso de esas embarcaciones confiscadas, ahorraría presupuesto en los planes
económicos sociales para que la población no dependa del ilegal, fructífero y
perseguido negocio del narcotráfico. Aunque por el atentado mortal
de ese día se hallan detenidas en el momento ocho personas implicadas en el asesinato,
la Dirección de Vigilancia Costera, mediante autorización judicial, insistiremos,
puede hacer uso de forma inmediata de esos medios requisados por las fuerzas
aprehensoras. De este modo no correrían el mismo riesgo nuestros agentes de
seguridad. La patrullera del Grupo Especial de Actividades de Protección de
Fronteras no debe correr riesgo al acercarse a identificar a embarcaciones
sospechosas y sí disponer permanentemente de medios eficaces para el desarrollo
de su trabajo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lamenta el trágico suceso. La prevención para que estos luctuosos episodios
no vuelvan a repetirse reside sustancialmente en el uso de esos medios confiscados
y no dejarlos en inactividad hasta sentencia judicial, tiempo durante el que se
degradan. Aprovecharlos de forma inmediata sería una decisión legítima y eficaz
para el Servicio de Seguridad Costera. La Dirección de la GC debe solicitar con
prontitud a la Autoridad Judicial disponer de ese material incautado o la habilitación rápida de las embarcaciones en estado de desperfecto. Esto en concordancia con el Ministerio
de Justicia, Ley Penal y Enjuiciamiento Criminal cuando no proporciona a los agentes encargados de la seguridad costera y represión del tráfico
ilegítimo estos medios propios deteriorados puntualmente o aprehendidos. Con esta ocasión comete otra reseñable
equivocación: haciendo uso inmediato de esas narcoembarcaciones ahorraría
dinero al presupuesto administrativo al no tener que adquirirlas. Con esta
crítica al paso se hace referencia al modo de actuar de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, de las que la Fiscalía General de Andalucía expresa con motivo del asesinato que “el
Ministro del Interior no vaya al lugar de los hechos sin poner los medios
suficientes para atajar este problema”. Esto lo manifiesta en relación con el
hecho en Cataluña cuando un fiscal compañero de profesión está acusando a 41
compañeros de la Policía Nacional por haber cumplido, desde órdenes dimanantes
de arriba, con su deber durante el Proces para proteger la Constitución
Española.
En la Gala de los Goyas
celebrada la noche siguiente al triste suceso del 9 de febrero, tanto por parte
del cine como desde la palabra en directo de muchos de los intervinientes se
reivindicaron asuntos de actualidad que están cambiando la sociedad y la
actuación de los gobiernos, como la violencia de género, la transexualidad, el cambio
climático o la falta de sensibilidad, a veces humillante, de facciones
políticas de extrema derecha por la Cultura que, sin embargo, como dicen
quienes expresan respuesta al lenguaraz insulto a las personas representantes del cine, genera dividendos a nuestro país. Está bien que
se reclame igualmente la seguridad de nuestros agentes en toda la costa
española donde existe el peligro constante del narcotráfico, afectando al
trabajo legal en puestos de producción válidos, puestos a disposición, de grupos sociales de esas zonas
de costa y a la invalidación del tráfico ilegal y suculento de drogas.
Nuestro pesar, insistimos, por
la muerte de estos dos compañeros agentes de la Guardia Civil, causado por lentitud
o ineficacia en las actuaciones judiciales.
Antonio
Morales Menchén. Nº de afiliado a la AUGC 5.633
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